Delincuencia con ojos en las calles: redes de videovigilancia ilegal en México
Las autoridades en distintos estados de México han detectado una preocupante estrategia utilizada por grupos criminales: la instalación de redes clandestinas de videovigilancia para monitorear sus operaciones y evadir a la policía.
El caso más reciente se dio en Culiacán, Sinaloa, donde elementos estatales y federales retiraron 64 cámaras de vigilancia instaladas en postes y estructuras públicas, además de un amplificador de internet y un equipo de banda ancha utilizados de manera ilegal.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que, durante un operativo, se descubrieron y desmontaron estos dispositivos clandestinos. Además, se hizo un llamado a la población para que denuncie la colocación irregular de cámaras en domicilios y negocios, con el fin de investigar su origen y proceder a su retiro.
Esta no es la primera vez que ocurre en la capital sinaloense; en enero de este año, en la colonia Las Quintas, se localizó otro sistema de monitoreo ilegal dentro de dos residencias aseguradas, donde se detuvieron a seis personas. En ambos casos, se confirmó que estas cámaras no estaban conectadas al sistema de seguridad oficial C-4.
El problema no es exclusivo de Sinaloa. En Veracruz, a principios de enero, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad Pública retiraron más de 100 cámaras en seis municipios, incluyendo Poza Rica, Coatzacoalcos, Minatitlán y Xalapa.
Estas cámaras, presuntamente operadas por el crimen organizado, tenían como propósito monitorear la actividad en diversas zonas estratégicas.
La proliferación de estas redes clandestinas de videovigilancia plantea serias preocupaciones sobre la seguridad pública y el control territorial ejercido por el crimen organizado.
La coordinación entre instituciones federales y estatales es clave para desmantelar estas estructuras y evitar que sean utilizadas para actividades delictivas.
Además, la participación ciudadana en la denuncia de estos dispositivos puede ser un factor determinante para impedir su proliferación en las calles del país.
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