Desaparición del Coneval ¿qué implica para México?

La posible desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) se encuentra en la agenda del Congreso y podría ser una realidad en breve.

La Cámara de Diputados discutirá este 13 de noviembre la reforma para eliminar varios organismos autónomos, entre ellos el Coneval, en un esfuerzo de “simplificación orgánica” del aparato gubernamental.

El Coneval es un organismo autónomo, es decir, aunque su financiamiento proviene del presupuesto público, opera de manera independiente de los poderes del Estado. Su labor principal es medir la pobreza en México, usando la información que recopila el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Mientras que el Inegi se dedica a recolectar datos socioeconómicos y culturales, el Coneval se enfoca en analizarlos para ofrecer un panorama claro de la situación de pobreza en el país.

Este organismo no solo informaba al gobierno sobre el estado de la pobreza, sino que proporcionaba insumos esenciales para el diseño de programas sociales en los tres niveles de gobierno y facilitaba a organizaciones civiles la comparación de datos con las declaraciones oficiales. Así, Coneval cumplía un rol crucial en verificar y transparentar los avances o retrocesos en los índices de pobreza y desarrollo social.

La propuesta de eliminar el Coneval se basa en el argumento de que sus funciones podrían ser asumidas por el Inegi. Es decir, los especialistas advierten que la labor del Coneval va más allá de la recolección de datos, pues involucra un análisis profundo y especializado de los programas de desarrollo social en México.

Sin un organismo dedicado exclusivamente a este análisis, la responsabilidad recaería en el Inegi, generando preocupaciones sobre si éste cuenta con los recursos y la estructura para asumir tales tareas.

Hasta ahora, la reforma plantea cambios en varios artículos constitucionales, como el 26, que se refiere específicamente a la desaparición del Coneval. No obstante, no queda claro cómo el gobierno pretende dar continuidad a la medición de pobreza de manera transparente y accesible para la ciudadanía.