Estados Unidos considera la prohibición de TikTok: ¿Qué hay detrás de esta movida?

Redacción

El gobierno de Estados Unidos ha puesto sobre la mesa la posibilidad de prohibir TikTok, una de las redes sociales más populares del mundo, por motivos relacionados con la seguridad nacional. Esta controversia se ha avivado en medio de acusaciones sobre el presunto filtrado de datos de usuarios a las autoridades chinas y la difusión de desinformación.

La Cámara de Representantes aprobó este 13 de marzo una iniciativa para prohibir TikTok, enviando el debate al Senado. Este movimiento ha suscitado un intenso debate sobre el papel de la plataforma en el contexto de la competencia comercial entre China y Estados Unidos, así como en relación con las elecciones presidenciales de 2024.

El origen de la polémica radica en la empresa matriz de TikTok, ByteDance, una compañía de comunicación y tecnología china fundada en 2012 por Zhang Yiming. A pesar de su domicilio en las Islas Caimán, ByteDance ha sido objeto de sospechas por parte de las autoridades estadounidenses debido a su supuesta relación con el gobierno chino y la seguridad de los datos de los usuarios.

En respuesta, TikTok ha negado cualquier vínculo con el gobierno chino y ha intentado implementar medidas para tranquilizar a las autoridades estadounidenses. Sin embargo, estas acciones no han sido suficientes para disipar las preocupaciones y la presión política sobre la plataforma.

La iniciativa de prohibición impulsada por la Cámara de Representantes se suma a una serie de medidas anteriores, como la restricción del uso de TikTok por parte del personal del gobierno y las universidades. Si se aprueba esta iniciativa, más de 170 millones de usuarios en Estados Unidos se verían afectados, ya que las tiendas de aplicaciones bloquearían las descargas de TikTok.

El debate sobre la prohibición de TikTok va más allá de los bailes y lipsyncs, se trata de consideraciones políticas y comerciales, reflejando las tensiones entre China y Estados Unidos y el impacto de las redes sociales en los procesos electorales. Aunque la decisión final aún está pendiente, pone sobre la mesa temas de privacidad de los datos personales, así como la libertad de expresión.