Gobierno de Milei usa términos discriminatorios en normativa sobre discapacidad
El gobierno de Javier Milei ha generado indignación tras la publicación de una normativa oficial en la que se utilizan términos obsoletos y ofensivos para referirse a personas con discapacidad.
El documento, publicado el 14 de enero en el Boletín Oficial de Argentina, establece nuevas disposiciones en materia de pensiones por invalidez laboral, pero lo que ha causado mayor controversia es la terminología empleada.
En el anexo titulado «Normativa para la Evaluación Médica de Invalidez para las Pensiones No Contributivas», el gobierno argentino clasifica a las personas con discapacidad con términos como «idiota», «imbécil» y «débil mental», categorizaciones que han sido ampliamente rechazadas por organizaciones de derechos humanos y expertos en discapacidad.
Estos términos, considerados discriminatorios y desfasados, han sido reemplazados en la mayoría de los países por una terminología más inclusiva y respetuosa, de acuerdo con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU, de la cual Argentina es signataria.
Diferentes asociaciones civiles, como la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), han expresado su rechazo a esta normativa, argumentando que refuerza estereotipos discriminatorios y excluyentes.
En su reclamo administrativo, la ACIJ señala que “la normativa contiene expresiones que refuerzan la discriminación que ha existido históricamente y que aún hoy existe hacia las personas con discapacidad”.
Además, destacan que el decreto asume que hay personas que nunca podrán trabajar, lo cual contradice los principios de integración y autonomía que promueven los organismos internacionales.
El uso de estos términos en un documento oficial no solo genera indignación, sino que también pone en entredicho el compromiso del gobierno argentino con los derechos de las personas con discapacidad.
Si bien la administración de Milei ha sido conocida por su discurso polémico, llevar este tipo de lenguaje al plano legal representa un claro retroceso en materia de derechos humanos e inclusión.
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