Ley de Inteligencia despierta alarma por posible vigilancia masiva

Organizaciones civiles y expertos en derechos digitales han encendido las alertas tras la aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. El motivo: abre la puerta a un esquema de vigilancia sin controles claros sobre la ciudadanía, todo bajo el argumento de mejorar la seguridad y búsqueda de personas desaparecidas.

Esta propuesta, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, ya fue aprobada en comisiones del Senado y está por discutirse en el pleno. Aunque se presenta como una herramienta para combatir delitos de alto impacto, la iniciativa ha sido duramente cuestionada por la opacidad que establece en el manejo de datos personales.

Entre sus puntos más controversiales se encuentra la creación de una Plataforma Central de Inteligencia que unificará información de diversas bases de datos —desde registros vehiculares, padrones de personas sentenciadas, datos fiscales y hasta biométricos— y permitirá su consulta en tiempo real por parte de la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional y el Centro Nacional de Inteligencia.

Para José Flores, director interino de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), el gran problema es que esta ley “le entrega al gobierno un cheque en blanco” al eliminar controles judiciales o mecanismos que permitan a las personas saber si están siendo investigadas.

Además, advierte que almacenar grandes volúmenes de información sin controles ni supervisión abre riesgos graves: desde vulnerabilidades ante ciberataques hasta posibles abusos de poder.

El acceso a esta plataforma será confidencial incluso para fines de fiscalización ciudadana o periodística, y cualquier filtración será sancionada severamente, lo que para activistas representa un golpe al derecho a saber.

El Senado tiene ahora la última palabra. Mientras tanto, crecen las voces que advierten que, lejos de solucionar la inseguridad, esta ley puede inaugurar una era de vigilancia permanente sin transparencia ni garantías para la ciudadanía.