Morena en la Cámara de Diputados exige destitución de la titular de Bienestar, Ariadna Montiel

Legisladores de Morena en San Lázaro intensificaron su demanda de remoción de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, a quien acusan de “actitudes déspotas” y posibles irregularidades en la operación de los programas sociales.

El origen del reclamo es la negativa de Montiel a proporcionar información sobre la entrega de las llamadas “tarjetas del Bienestar”. Diputados morenistas señalan que, en múltiples ocasiones, sus solicitudes de información “han sido atendidas de manera tardía o directamente ignoradas”, lo que ha obstaculizado el trabajo legislativo de fiscalización.

En la reunión plenaria de la bancada de Morena, celebrada a puerta cerrada la semana pasada, se registraron expresiones de rechazo hacia la secretaria. Según audios a los que tuvo acceso La Jornada, varios diputados corearon “¡fuera!”, mientras la diputada Jessica Ramírez Cisneros (Veracruz) urgía al coordinador Ricardo Monreal a “decírselo a la presidenta”.

Ante el clima de tensión, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, se ofreció como interlocutor entre los legisladores inconformes y Montiel. “Sí hay un reclamo amistoso y se lo haré llegar a ella; estoy seguro de que mejorará el entendimiento”, declaró Monreal, quien confió en resolver el conflicto con un diálogo directo.

Más allá de la falta de acceso a la información, circulan versiones sobre supuestos actos de corrupción en la Secretaría del Bienestar. Aunque aún no se han presentado denuncias formales, diversos legisladores avalan la necesidad de “una revisión a fondo” de los procesos (desde la adjudicación de contratos para la impresión de tarjetas hasta el padrón de beneficiarios) antes de que arranque la entrega masiva de apoyos para 2025.

Morena tiene previsto sesionar nuevamente esta semana para definir si eleva una petición formal al Ejecutivo federal para sustituir a Montiel al frente de Bienestar, o bien, si se limita a un exhorto interno para corregir “las deficiencias administrativas y de comunicación” que, aseguran, ponen en riesgo la imagen y eficacia de sus programas sociales.