Nueva reforma a prisión preventiva oficiosa: ¿Qué implica?

El pasado 31 de diciembre de 2024 el Diario Oficial de la Federación publicó la reforma a la prisión preventiva oficiosa en México, la cual entró en vigor el 1 de enero de 2025. Esta modificación, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado debate debido a sus posibles implicaciones en el sistema de justicia del país. El cambio al párrafo segundo del artículo 19 de la Constitución Mexicana limita la aplicación de la prisión preventiva oficiosa. Ahora, el Ministerio Público deberá demostrar que otras medidas cautelares no son suficientes para: – Garantizar la presencia del imputado en el juicio. – Proteger a las víctimas, testigos y a la comunidad. – Asegurar el desarrollo de la investigación. Además, solo podrá aplicarse en delitos graves como feminicidio, homicidio doloso, delincuencia organizada, extorsión, y otros relacionados con el uso de armas, fentanilo, corrupción, y más. Aunque busca garantizar procesos más justos, la reforma ha despertado dudas sobre si las autoridades mexicanas están preparadas para respetar los derechos humanos. En teoría, la prisión preventiva no debería exceder las 72 horas sin pruebas suficientes. Sin embargo, críticos señalan que esta reforma podría permitir al Ministerio Público mantener a los acusados detenidos por más tiempo mientras reúne evidencias, prolongando la privación de la libertad sin un juicio formal. Hace más de un año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó eliminar la prisión preventiva oficiosa en México por considerarla una violación a los derechos fundamentales. No obstante, esta reforma parece alejar al país de cumplir con ese mandato. El debate apenas comienza, pero lo cierto es que este cambio legal tendrá un impacto significativo en el sistema judicial y en cómo se garantiza la seguridad y justicia en México.