Polémica en el Congreso: ¿Más delitos para prisión preventiva oficiosa?

En el actual ciclo de discusión legislativa, la Cámara de Diputados y el Senado de México analizan varias iniciativas de reforma, entre ellas la polémica propuesta para modificar la prisión preventiva oficiosa.

Esta reforma busca incluir nuevos delitos en el artículo 19 de la Constitución, que ameriten prisión preventiva automática. Conocida también como “prisión preventiva oficiosa”, esta modalidad implica que, por la gravedad del delito, el acusado es enviado a prisión de manera inmediata en lo que se inicia su proceso penal.

Existen dos tipos de prisión preventiva en México: la oficiosa y la justificada. La prisión preventiva oficiosa se aplica automáticamente a ciertos delitos considerados graves, mientras que la justificada necesita una evaluación del juez para determinar si es necesaria.

Actualmente, los delitos que llevan a la prisión preventiva oficiosa incluyen abuso o violencia sexual contra menores, homicidio doloso, feminicidio, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, corrupción, terrorismo, entre otros.

La reforma propuesta, que fue inicialmente presentada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora retomada en la administración de Claudia Sheinbaum, busca añadir los siguientes delitos a la lista de prisión preventiva oficiosa: extorsión, narcomenudeo, defraudación fiscal, contrabando, uso de comprobantes fiscales falsos, y fabricación o tráfico de drogas sintéticas, incluyendo el fentanilo.

La propuesta ha generado debates y cuestionamientos, especialmente en torno a la capacidad del sistema de justicia penal para manejar la prisión preventiva sin vulnerar derechos humanos. Según la ley, las detenciones no deben superar las 72 horas sin que el acusado sea vinculado a proceso; de lo contrario, el acusado debe seguir su proceso en libertad.

Sin embargo, en la práctica, el Ministerio Público puede utilizar la prisión preventiva para prolongar la detención de los acusados mientras continúa la investigación, con el riesgo de que personas inocentes pasen largos periodos en prisión sin sentencia.

Ante esta situación, surgen interrogantes: ¿qué tan preparado está el sistema judicial para no abusar de la prisión preventiva oficiosa? ¿Cómo se asegura que las personas no queden en prisión por largos periodos sin proceso ni sentencia?