Proponen nueva Ley de Juegos y Sorteos para combatir corrupción

En las próximas semanas, la presidenta Claudia Sheinbaum enviará al Congreso una iniciativa para actualizar la Ley de Juegos y Sorteos, vigente desde 1946, con el objetivo de combatir la corrupción, eliminar la extorsión y garantizar el cobro de impuestos en esta industria.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, informó que Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación, presentó esta iniciativa durante una reunión privada con la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Según Monreal, esta reforma busca transparentar las actividades relacionadas con juegos y sorteos, promoviendo un marco legal moderno que permita supervisar y regular este sector.

“La secretaria aseguró que la reforma está diseñada para combatir la corrupción, evitar extorsiones y asegurar que quienes se dediquen a esta actividad cumplan con sus obligaciones fiscales”, detalló Monreal.

Durante el encuentro, Rosa Icela Rodríguez también se refirió a la política migratoria de México, asegurando que, a pesar de posibles tensiones con el próximo gobierno estadounidense encabezado por Donald Trump, la estrategia actual se mantendrá.

La secretaria enfatizó el compromiso del gobierno mexicano con un enfoque basado en derechos humanos y respeto a la dignidad, rechazando cualquier criminalización de la movilidad humana.

Otro de los puntos abordados fue la protección de datos personales tras la eventual extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Rodríguez garantizó que la administración de Sheinbaum mantendrá la seguridad y confidencialidad de los datos actualmente bajo resguardo del organismo.

“No habrá descuido ni olvido en la protección de datos personales por parte del gobierno”, afirmó.

La iniciativa de Ley de Juegos y Sorteos será enviada en breve al Congreso para su discusión, representando un paso clave en la modernización del marco legal mexicano.

Al mismo tiempo, el gobierno busca mantener firme su postura en materia migratoria y garantizar la protección de la privacidad ciudadana, consolidando su compromiso con la transparencia y los derechos humanos.