Reaprehendidos militares relacionados con el caso Ayotzinapa

Redacción

A una semana de haber sido liberados, los ocho militares vinculados con el caso Ayotzinapa fueron nuevamente detenidos, generando una ola de incertidumbre y acusaciones de venganza política. Aunque las autoridades no han informado oficialmente los delitos que se les imputan, se les ha recluido en la prisión del Campo Militar 1A.

El defensor de los militares, Alejandro Robledo, denunció que se trata de una venganza política y criticó la falta de transparencia en el proceso. A pesar de que se solicitó a las autoridades que informaran los nuevos cargos, hasta el momento no se ha recibido respuesta clara. Tres de los militares fueron detenidos al presentarse voluntariamente a firmar, como lo dictaba la medida preventiva impuesta tras su liberación inicial.

Según informes de La Jornada, se les imputará el delito de delincuencia organizada, tras haber sido detenidos anteriormente por acusaciones de desaparición forzada. La reaprehensión de los militares se produce en medio de una serie de casos en los que la Fiscalía General de la República ha enfrentado dificultades para mantener en pie las acusaciones.

La jueza Ivette Duarte Cedillo ordenó la liberación de los militares debido a la falta de pruebas suficientes por parte de la FGR. Además, determinó que las condiciones para la prisión preventiva habían cambiado y que no existía riesgo de fuga. Aunque no están exentos del caso Ayotzinapa, se les concedió la oportunidad de llevar el proceso en libertad, modificando así la medida cautelar.

Estos acontecimientos se suman a la reciente liberación del abogado Juan Collado, cuyo caso también se desmoronó debido a la falta de pruebas por parte de la fiscalía. El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó duramente al Poder Judicial, acusándolo de estar «podrido» o «secuestrado por la oligarquía», en referencia a las decisiones judiciales que han favorecido a los acusados en casos de alto perfil.

La reaprehensión de los militares relacionados con el caso Ayotzinapa plantea preguntas sobre la transparencia y la imparcialidad del sistema de justicia en México, así como la necesidad de garantizar el respeto a los derechos humanos y el debido proceso en todos los casos judiciales.