Secretaría de Gobernación aclara controversia sobre prisión preventiva

Redacción

Hace un par de días se desató cierta polémica gracias a las declaraciones de la Secretaría de Gobernación (SEGOB), sobre la posible anulación de la prisión preventiva en México.

Luisa María Alcalde, titular de la SEGOB, expresó que esta medida conduciría a la liberación masiva de miles de procesados, una afirmación que ha sido cuestionada por expertos en el ámbito legal.

El colectivo de abogados Pena Sin Culpa fue uno de los primeros en responder a las declaraciones de Alcalde, aclarando que la posible «anulación» de la prisión preventiva por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no implica un riesgo para la seguridad nacional ni un atentado a la soberanía, como se ha sugerido.

Según Pena Sin Culpa, la afirmación de la SEGOB de que la anulación de la prisión preventiva resultaría en la liberación automática de 68 mil presos no se ajusta a la realidad.

La medida propuesta por la SCJN, en respuesta a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, busca hacer que los jueces apliquen la prisión preventiva de manera razonable y justificable, en lugar de hacerlo de manera automática.

El caso que ha desencadenado esta controversia, conocido como «García Rodríguez y otros vs México», data de 2002 y ha sido objeto de un extenso proceso legal que culminó en la intervención de la Corte Interamericana.

En este caso, se ha demostrado la necesidad de revisar la aplicación de la prisión preventiva en el país, garantizando el respeto a los derechos humanos y el debido proceso.

Para el colectivo, lo verdaderamente preocupante es el número de personas que actualmente se encuentran en prisión preventiva sin haber recibido una sentencia condenatoria, lo cual pone de manifiesto la necesidad de reformas en el sistema judicial mexicano.