Sheinbaum anuncia nueva Secretaría Anticorrupción, mientras el INAI enfrenta posible desaparición

La incertidumbre sobre el futuro del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) sigue creciendo, especialmente tras el reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Durante la mañanera del 15 de octubre, Sheinbaum reveló que su gobierno está por crear la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, transformando la actual Secretaría de la Función Pública (SFP). Esta nueva secretaría, a cargo de Raquel Buenrostro, tendrá como misión combatir la corrupción de forma preventiva y garantizar la transparencia en las acciones del gobierno.

Sin embargo, el anuncio ha dejado una gran interrogante: ¿qué sucederá con el INAI, un organismo autónomo crucial para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales? La importancia del INAI radica precisamente en su independencia del gobierno, lo que lo convierte en un pilar esencial para que la ciudadanía conozca y supervise las acciones gubernamentales.

Sheinbaum ha mencionado que, en caso de que el INAI desaparezca, su gobierno garantizará la transparencia a través de la nueva Secretaría Anticorrupción. No obstante, muchos se preguntan si un organismo gubernamental podrá cumplir con la función de un órgano independiente, ya que su creación podría poner en riesgo la imparcialidad necesaria para investigar al propio gobierno.

En respuesta a su posible extinción, el INAI, bajo la dirección de su consejero presidente Adrián Alcalá, ha propuesto reducir su gasto en un 30% (equivalente a 300 millones de pesos) como medida para evitar su desaparición. Alcalá ha enfatizado que, aunque la institución ha enfrentado críticas por casos aislados de corrupción, su misión sigue siendo esencial para la democracia y la rendición de cuentas.

El debate sobre la desaparición del INAI se inserta en un contexto más amplio de reformas que también podrían afectar a otros órganos autónomos, como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT).

En este panorama, queda por ver cómo el gobierno de Sheinbaum manejará el delicado equilibrio entre la lucha contra la corrupción y la preservación de instituciones autónomas que garantizan derechos fundamentales.