Trabajadores del Poder Judicial de la Federación retoman labores tras un mes de paro

Después de 30 días de protestas contra la reforma judicial promulgada recientemente, 55 mil trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) regresarán a sus actividades el próximo lunes 23 de septiembre. El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) informó sobre la reanudación de labores, poniendo fin a la huelga que comenzó el 21 de agosto.

Durante este periodo, el PJF solo atendió “asuntos urgentes”, dejando muchos casos en pausa. Con el retorno, juzgados, tribunales y organismos federales volverán a operar con normalidad, atendiendo tanto los casos pendientes como los de nuevo ingreso. La votación para concluir el paro fue de 5-2, con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y del CJF, Norma Piña, votando en contra.

La huelga fue una respuesta a la reforma judicial impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que entre otros cambios, modifica el proceso de elección de jueces y ministros de la SCJN a través del voto popular, y reduce el número de ministros de 11 a nueve. También propone la creación de dos nuevos organismos: el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial.

Uno de los puntos más controvertidos de la reforma es la posibilidad de que cualquier ciudadano con un título de derecho pueda ser elegido como juez o ministro por voto popular, lo que para los trabajadores del PJF representa un riesgo de politización de la justicia y vulnerabilidad frente al crimen organizado. La reforma generó rechazo no solo dentro del Poder Judicial, sino también por parte de organismos empresariales, asociaciones civiles y diplomáticos.

El paro incluyó acciones como la irrupción en el Senado el 10 de septiembre para suspender la sesión y el bloqueo de la Cámara de Diputados el 3 de septiembre. Sin embargo, la reforma fue aprobada y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 15 de septiembre.

La suspensión de labores del PJF tuvo un impacto significativo, con miles de casos, investigaciones y amparos estancados. Se estima que un juzgado civil recibe alrededor de 900 casos al año, mientras que uno familiar recibe hasta tres mil, lo que podría haber generado un retraso considerable en la impartición de justicia.

Aunque el paro termina, los trabajadores del Poder Judicial han anunciado que llevarán el caso a organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en busca de revertir la reforma.