Padres de familia en Yucatán obligados a firmar disculpa pública por protesta contra obras del Tren Maya

Redacción

En la pequeña comunidad de Citilcum, en Izamal, Yucatán, una situación que comenzó como una preocupación legítima por la seguridad escolar de sus hijos ha terminado en una controversia notable.

Cuatro mujeres y un hombre fueron obligados a firmar una disculpa pública tras protestar contra las obras del Tren Maya, exigiendo la reubicación de una escuela primaria afectada por la construcción.

Todo comenzó en mayo de 2024 cuando un grupo de padres de familia bloqueó las vías del Tren Maya en Citilcum. La construcción del tren había dejado la escuela primaria en el otro lado de un túnel, que supuestamente debía ser un paso a desnivel aún no completado.

Preocupados por la seguridad de sus hijos al cruzar esta área, los padres exigieron la reubicación de la escuela.

Inicialmente, las autoridades prometieron un paso deprimido para facilitar el cruce de los estudiantes. Sin embargo, los padres consideraron que esta solución no era suficiente y continuaron su demanda por una nueva ubicación para la escuela.

La protesta escaló cuando los manifestantes derribaron una malla ciclónica y colocaron piedras y ramas sobre las vías del tren.

La situación atrajo la atención de las autoridades, y se organizó una reunión con representantes militares y de las obras del Tren Maya.

Se discutió la posibilidad de donar un predio para reubicar la escuela. Mientras tanto, se ofrecieron medidas temporales como transporte escolar, vigilancia policial durante las horas de entrada y salida, iluminación y la finalización del paso peatonal.

A pesar de estas promesas, la empresa detrás del Tren Maya presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, acusando a los manifestantes de obstrucción de las vías de comunicación federales.

Ante el temor de enfrentar consecuencias legales graves, los involucrados aceptaron firmar una disculpa pública.

Recientemente, las cuatro mujeres y el hombre acudieron a la oficina del comisario municipal, Manuel Jesús Chan Rabell, para firmar un documento en el que se comprometieron a no repetir sus acciones.

A cambio, la empresa Tren Maya se comprometió a no ejercer más acciones penales contra ellos, reconociendo que sus preocupaciones eran válidas debido a la seguridad de sus hijos.

Si bien la empresa del Tren Maya ha reconocido la legitimidad de las preocupaciones de los padres, la forma en que se resolvió la situación deja preguntas sobre cómo se manejan las demandas comunitarias frente a proyectos nacionales.