El Gobierno de Javier Milei implementa unidad de AI para predecir delitos

Redacción

La reciente decisión del gobierno argentino de Javier Milei de utilizar inteligencia artificial para predecir delitos ha generado preocupación entre activistas de derechos humanos y especialistas en tecnología.

El 31 de julio, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció la creación de la Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad, con la tarea de realizar ciberpatrullajes y prever disturbios analizando redes sociales y otras plataformas digitales.

Inspirada en la tecnología de la famosa película «Minority Report» de Steven Spielberg, esta unidad no se apoyará en videntes, sino en algoritmos avanzados para detectar potenciales amenazas, identificar movimientos de grupos delictivos y prever disturbios antes de que ocurran.

Según el diario argentino El Clarín, la Unidad de Inteligencia Artificial también monitoreará aplicaciones, sitios de internet e incluso la deep web para identificar delitos y autores.

La misión de esta unidad se extiende más allá de la seguridad pública. También abordará crímenes financieros y colaborará en la desactivación de explosivos. Sin embargo, la posibilidad de que la inteligencia artificial prediga delitos futuros ha generado inquietud entre especialistas y defensores de derechos humanos.

Especialistas en inteligencia artificial, como Andrés Gil Domínguez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, advierten sobre los riesgos de esta iniciativa.

«No es lo mismo ciberpatrullar en busca de delitos ya tipificados en el Código Penal que hablar de conductas de hipotético riesgo; eso ya es inconstitucional», afirmó Domínguez.

El periódico británico The Guardian informó que la unidad utilizará algoritmos de aprendizaje automático para analizar datos históricos sobre delitos y predecir futuros crímenes.

Además, implementará un software de reconocimiento facial para analizar imágenes de cámaras de seguridad en tiempo real, identificando a personas buscadas y detectando actividades sospechosas.

Amnistía Internacional ha expresado su preocupación, señalando que esta vigilancia masiva podría violar derechos humanos fundamentales.

«La vigilancia a gran escala afecta la libertad de expresión porque alienta a las personas a autocensurarse o abstenerse de compartir sus ideas o críticas si sospechan que todo lo que comentan, publican o comparten está siendo monitoreado por las fuerzas de seguridad», advirtió Mariela Belski, directora de Amnistía Internacional-Argentina.

El Centro Argentino de Estudios sobre Libertad de Expresión y Acceso a la Información también manifestó su inquietud, recordando que históricamente, las tecnologías se han utilizado para reprimir a académicos, periodistas, activistas y políticos opositores.

«Viendo cómo se ha desarrollado el gobierno de Milei y la forma en la que ha reprimido a sus detractores, no hay lugar para la duda: esta nueva unidad es una amenaza a los derechos humanos», señalaron desde el Centro.