La UIF investiga a Latinus por corrupción

Redacción

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha confirmado la investigación en curso sobre Latinus por presuntos actos de corrupción y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El titular de la UIF, Pablo Gómez, acudió a la mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador para detallar los avances de la investigación, que data desde 2021 y podría vincular al medio de comunicación con delitos financieros.

Según Gómez, la UIF ha estado analizando una serie de transacciones que involucran a Latinus y que suman aproximadamente dos mil 437 millones de pesos desde 2019.

Estas transacciones, indicó, se realizaron a través de empresas instrumentales que recibían recursos supuestamente por servicios periodísticos, aunque algunas de estas empresas se dedicaban a la venta de servicios médicos o de salud a entidades federativas.

“No estamos inventando, sencillamente tiene el consorcio [Latinus] unas empresas instrumentales [que] reciben recursos por compra de servicios periodísticos directamente o a través de tres empresas que venden servicios médicos o de salud a entidades federativas”, explicó Gómez.

La periodista Peniley Ramírez, en su columna en Reforma, había señalado que la investigación también abarcaba al periodista Carlos Loret de Mola y al comediante y analista político Víctor Trujillo, conocido como Brozo.

Sin embargo, Pablo Gómez negó categóricamente estas afirmaciones, subrayando que la UIF no tiene ninguna investigación en curso contra Loret de Mola, Brozo ni la esposa de Loret, como había sugerido Ramírez.

“De las actividades administrativas que llevan a cabo la Unidad de Inteligencia Financiera, ninguna corresponde con el señor Carlos Loret de Mola. El señor Carlos Loret de Mola no aparece como accionista, codueño, ejecutivo, manager, gerente de un consorcio empresarial que se llama Latinus, que es otra cosa, independientemente de que él, junto con otras personas más, les preste servicios y les cobre”, aclaró Gómez.

Latinus ha recibido fondos de los gobiernos de varios estados, incluidos el Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas e Hidalgo, bajo contratos que indicaban servicios de salud, aunque los fondos se utilizaban para pagar a accionistas y periodistas.

Además, una de las empresas del consorcio se estableció en Delaware, Estados Unidos, conocido como un paraíso fiscal, lo que ha complicado la obtención de datos precisos sobre los propietarios y la distribución del dinero.

En respuesta a las declaraciones de Peniley Ramírez y Loret de Mola, Pablo Gómez defendió la postura de la UIF y criticó al periodista por acusar a la institución de persecución.

“La generación que desde los años 60 luchó por las libertades en México no tiene nada de qué avergonzarse ni darle explicaciones a las personas que se dedican a la calumnia, y hacen de ella un negocio. Y este es el caso, porque el consorcio Latinus se caracteriza por eso con recursos públicos, pero recursos públicos ilegales”, concluyó Gómez.

La investigación de la UIF sobre Latinus continuará, y las autoridades buscan esclarecer el origen y destino de los fondos manejados por el consorcio mediático.